La acusación constitucional como límite de la investigación Fiscal y Judicial en el Perú - 2020
Resumen
La presente investigación tiene como objetivo general analizar la manera en la que la acusación constitucional constituye un límite de la investigación fiscal y judicial y afecta a la acción penal en el Estado peruano, de allí que, nuestra pregunta general de investigación sea: ¿De qué manera la acusación constitucional constituye un límite de la investigación fiscal y judicial y afecta a la acción penal en el Estado peruano?; a su vez, por contener un enfoque cualitativo no se consigna en el plan de tesis una hipótesis, sin embargo si se justifica el problema y sus objetivos; así, nuestra investigación se cimienta en el impacto directo que tiene la resolución de acusación constitucional con contenido penal, producto de un antejuicio político, en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, pues siendo este último el titular de la misma, se ve limitada por la figura constitucional bajo análisis y crítica, por tal motivo es que nuestra investigación guarda un método de investigación de corte jurídico dogmático y cualitativo, esto es con un método general denominado la hermenéutica, asimismo presenta un tipo de investigación básico o fundamental, con un nivel correlacional y un diseño observacional, por tal motivo es que la investigación por su naturaleza expuesta, utilizará la técnica del análisis documental de leyes, códigos, sentencias y libros doctrinarios que serán procesados mediante la argumentación jurídica a través de los instrumentos de recolección de datos como la ficha textual y de resumen que se obtengan de cada libro con información relevante; el resultado principal de la investigación fue: la ciudadanía puede sentirse segura, si sabe que las autoridades estatales que también son sujetas de control penal, siendo la conclusión más importante: La restricción establecida por medio de la acusación constitucional de un antejuicio político es insuficiente frente a función de la acción penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico; por ende, se genera la impunidad de delitos cometidos por altos funcionarios con consecuencia de una simple decisión política.