Las Técnicas especiales de investigación y el Delito de Lavado de activos según la DIVILA-DIRINCRI-PNP de Jesús María, 2013

Abstract

El siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles; y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afecta a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país. La Globalización, las relaciones y la creciente interdependencia económica entre países, ha traído como consecuencia mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal. El lavado de dinero es un serio problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras. Aunque, actualmente la denominación de "lavado de dinero" es obsoleta debido a que no sólo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes, tales como propiedades, acciones, vehículos, por lo que lo apropiado es referirse a este ilícito penal como "lavado de activos". Pero en esta monografía, me dedicaré a tratar sobre "Lavado de Dinero proveniente del narcotráfico", debido a que éste es una de las principales causas por el cual nuestro país no ha desarrollado y sigue siendo un país sin progreso; que por el contrario, está lleno de corrupción, ya que hoy en día está muy relacionado al Estado, porque "algunos" funcionarios públicos son aquellos que cometen este delito; lo cual genera que haya mayores actividades ilícitas, delincuencia y la pobreza. Por tal motivo es esencial que haya una cooperación internacional amplia entre las agencias reguladoras y de ejecución de la ley, las cuales deberán implementar políticas y mecanismos para impedir que sus servicios sean utilizados con fines contrarias a la Ley, para lograr disminuir y erradicar este delito que agobia a todos los ciudadanos.