Delito de cohecho pasivo y su incidencia en los servidores públicos de los juzgados penales de la provincia de Ica – 2020
Resumen
La corrupción ocasiona pérdidas millonarias al Perú, esta situación afecta a los
sectores más vulnerables de la población, no contribuye en la generación de
empleos formales, no se mejora la calidad de vida, no fortalece la salud pública, no
crea seguridad jurídica y perjudica enormemente las inversiones, para que la
corrupción pueda desarrollarse y convertirse en una red que afecte incluso a los
poderes del Estado es necesario conocer sus elementos que la componen, el
principal de ellos, el delito de cohecho pasivo que viene a ser el inicio de este mal
que aqueja al nuestro país por muchos años y que se ve reflejado en las últimas
décadas con los procesos judiciales por corrupción a los ex mandatarios; para que
se pueda gestar el delito de cohecho pasivo en funcionarios y servidores públicos
es necesario comprenderlo mediante un análisis teórico jurídico con la
implementación de investigación de campo en los Juzgados Penales de provincia
de ICA, gracias a ello podemos acercarnos a esta problemática para establecer
propuestas de mejora en el fortalecimiento de la institución así como un cambio de
la cultura por parte de los ciudadanos logrando disminuir los altos índices de
corrupción de funcionarios, la tarea es difícil debido a que no existe una estrategia
efectiva de lucha contra la corrupción con mecanismos de control y fiscalización
para poder descubrir a aquellos malos funcionarios y servidores públicos que
buscan su propio beneficio a costa del pueblo, por tanto es necesario combatir este
flagelo para que el sistema de judicial sancione de forma ejemplar el delito de
cohecho pasivo.
En conclusión, el delito de cohecho pasivo es uno de los principales delitos por el
cual se desarrollarán los delitos contra la administración pública debido a que la
corrupción debilita el sistema institucional y la democracia, por lo que es necesario
diseñar e implementar estrategias efectivas para que en las sedes judiciales se
pueda ir reduciendo progresivamente los altos índices del cohecho.